A casi un año del ilegal desalojo orquestado por el juez Sergio Manuel Jáuregui Gómez y toda una cadena de contubernios, hoy se encuentra de nueva cuenta a resguardo y uso de sus beneficiarios desde 1980, los invidentes
Por Mario Díaz (El Master).-
El gobernador Flavio Romero de Velasco compró y entregó el inmueble ubicado en sobre la calle Belén con número 457, a la asociación civil Organización de Invidentes Unidos en 1980, casi 45 años este espacio era sinónimo de apoyo, de esperanza para desarrollar habilidades tantos sociales como laborales para quienes tienen este padecimiento, incluso ha representado un espacio de encuentro social y esparcimiento y de apoyo moral.
Todo marchaba con normalidad hasta que el 16 de mayo de 2024, y en un extraño actuar del juez Sergio Manuel Jauregui Gómez, titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Zapopan, ordenó a su secretario de Acuerdos, Salvador Hernández Torres, ordenaron y ejecutaron el desalojo sin haber realizado los peritajes necesarios para dar esta orden. Por tales hechos se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
José Antonio García Casal, abogado defensor de los afectados relata:
“El 16 de mayo fueron desalojados por orden del juzgado y del secretario de acuerdos Salvador Hernández Torres”.
“Para ellos, los invidentes, la casa se fue cerrando cuarto por cuarto hasta obligarlos a salir por la puerta principal, sin claridad, sin oportunidad de defensa, sin aviso ni justicia. Ellos no podían ver al enemigo. No podían porque era invisible como el poder, venía disfrazado de legalidad de sentencia, ratificaciones que nunca se las mostraron en (lenguaje) braille, venía con la voz de un juez que juró respetar la ley, pero la usó para justificar un acto de despojo. La casa en Belén 457 fue un regalo del gobernador Flavio Romero de Velasco, hace más de 40 años”.
Explica que la escritura pública de los linderos, las fotos y certificados prueban que esta propiedad sigue siendo del estado de Jalisco, aunque para el Juez Sergio Manuel Jáuregui Gómez, esto no fue importante y dictó sentencia en contra de los invidentes, sin que tuviera los elementos necesarios para tomar esta decisión como las periciales topográficos, sin verificar que la propiedad relatora fuera la misma, “lo hizo pese a que la ley exige que esa verificación sea condición especial y esencial para ordenar un lanzamiento”, puntualiza el abogado.
Aclaró que la señora Eva Montes Pérez y su familia son los promoventes de dicho juicio, y luego del desalojo tomó la casa inmediatamente después, poniéndola también de inmediato en renta, incluso asegura el abogado que puso su número de contacto en la puerta para que los interesados se pudieran comunicar con ella.
Ante todo, esto es tajante en denunciar:
“No fue un error, fue una crueldad legalizada, no fue un mal entendido legal, fue un acto de violencia validado por el sistema, un fraude procesal, un abuso de autoridad y una burla a la justicia”.
Unidos
Luego de casi un año de esperar la participación del gobierno del estado y les restituyera su inmueble y ante tras ver que por parte de la autoridad estatal no se movería una sola hoja, decidieron realizar algunas manifestaciones y tomar su defensa de manera pacífica y totalmente ciudadana.
En su nombre tenían la fuerza para recuperar lo que es suyo, Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, así que, sin el privilegio de la vista, pero con fuera de voluntad y la razón de su parte, el viernes pasado (18 de abril) luego de meses de silencio institucional y de esperar un acto de humanidad que nunca llegó, los invidentes decidieron ocupar su casa pacíficamente.
Este hecho provocó según testigos que la señora Eva Montes y un acompañante, amenazaran a algunos de sus compañeros con la advertencia de que se fueran o los levantarían.
“Exigimos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco que investigue y actúe con celeridad, por las irregularidades cometidas por el Juzgado Noveno de lo Civil, su personal actuante y los abogados involucrados. Existen elementos suficientes para presumir la comisión de delitos como fraude procesal, abuso de autoridad y colusión para el despojo de un bien público destinado a un bien social”.
“Necesitamos algún tipo de certeza jurídica de que los compañeros pueden estar en paz, así que esperamos que la fiscalía tenga a bien admitir la denuncia y emita órdenes de protección para que envíen elementos de seguridad y los proteja”, expone García Casal.
Los que saben de estos asuntos, destacan que usualmente el juzgado en primera instancia niega cualquier acción, hasta que no corroboran ellos mismos con pruebas periciales los hechos y circunstancias; sin embargo, en este caso el juez Sergio Manuel Jáuregui, no consideró necesarias estas pruebas periciales y sin que se acreditara quién era el verdadero propietario, que resultó ser el Gobierno del Estado de Jalisco, ordenó el desalojo de este grupo de invidentes.
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Un comentario sobre “Organización de Invidentes Unidos de Jalisco quieren ver certeza jurídica sobre su inmueble ”