Pretenden ciudadanizar el Comité Técnico Tarifario del transporte público

La diputada Tonantzin Cárdenas detalla que no hay una verdadera representación de los usuarios en este órgano que es quien dice si sube o no el pasaje

Por Mario Díaz (El Master).-

Para que en la toma de decisión sobre aumentar o no la tarifa al transporte público también se encuentre representados los usuarios de este servicio y no solo entidades con intereses privados, la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez (Futuro) presentó a los medios de comunicación –en rueda de prensa– la iniciativa Tarifas Justas, que busca modificar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco en la integración del Comité Técnico Tarifario, como parte de los resultados del proyecto Escuchando el Trayecto.

Cárdenas Méndez, explicó que el objetivo es crear un comité más representativo que considere las necesidades de los trabajadores, las madres de familia, adultos mayores, Madre cuidadoras, personas con discapacidades y otros sectores dependientes del transporte público, con el fin de equilibrar los intereses de concesionarios, sindicatos y poner en primer plano las voces de quienes utilizan el servicio todos los días.

“Es una cuestión de justicia social, los usuarios deben ser escuchados ya que actualmente el comité favorece a intereses privados sobre el bienestar de las personas que dependen del transporte público”, aseguró la legisladora.

Puntualizó que actualmente, las decisiones del Comité privilegian al sector privado, pues no cuenta con representación las personas usuarias del transporte público, quienes son las más afectadas por los aumentos en las tarifas. La propuesta propone reformar los artículos 332 y 334 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, para que dicho Comité se amplíe integrando, además de usuarios y beneficiarios del programa de apoyo al transporte, a representantes de colectivos de movilidad, universitarios y especialistas en la materia para que sus voces sean consideradas al momento de definir costos y condiciones del servicio de transporte público en nuestro estado.

«El transporte público no debe ser una carga para las familias de Jalisco. Hoy, el gasto en transporte representa más del 10 por ciento del ingreso de la población promedio y hasta el 21 por ciento en las familias más pobres. Necesitamos garantizar que las tarifas sean justas y accesibles para quienes dependen diariamente de este servicio», propuso la diputada.

Actualmente, el Comité está integrado por ocho representantes, de los cuales solo dos representan a la sociedad civil y universidades. Con la modificación propuesta, el Comité Técnico Tarifario pasará a tener 14 integrantes con la suma de representantes de usuarias y usuarios de los sistemas de Tren Ligero, Mi Macro, Mi Transporte y beneficiarios del programa de apoyo al transporte, además de colectivos de usuarios con discapacidad o especializados en materia de accesibilidad, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y de Transporte Público del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y una universidad privada.

“Se trata democratizar este Comité que es tema de justicia social no solamente algo administrativo. Que estén representadas las personas usuarias”.

Compartieron opinión y postura la diputada por Hagamos Valeria Ávila Gutiérrez; el diputado por el Partido del Trabajo Leonardo Almaguer Castañeda; el diputado sin partido Alejandro Puerto Covarrubias, así como la Presidenta de la Federación de Estudiantil Universitaria (FEU) Zoé García Romero.

“En la ley se establece que la prioridad deben ser las personas con discapacidad en todas las unidades, pero no es así cuando en la norma técnica permites que al menos el 10 por ciento de las unidades tengan rampa, creemos que todo esto se tiene que ajustar y deben de ser urgentes para la secretaría de Movilidad”.

Argumentó como una práctica negativa el tratar de resolver todo solo con subsidios para que el llamado pulpo camionero siga operando sus rutas y que encima no se transparente cuánto recurso va a para cada quién y en qué se utiliza contribuye solo al deterioro del servicio que prestan.

Al reclamo de los concesionarios sobre que ya no les es un negocio, Cárdenas Méndez, sugirió que puede ser momento en que el estado se encargue de brindar este servicio público, “creo que la estatización es una respuesta lógica a que el estado garantice derechos humanos como el de la movilidad”.

Reconoció que las experiencias anteriores al respecto como Sistecozome, Servicios y Transportes, que se convirtieron en una caja chica y malos manejos para los gobiernos en turno, no debe de alejarlos de esta posibilidad.

“Se puede aprender de estos errores, si antes no funcionó también hubo una carencia de la transparencia de los recursos. Incluso hoy en día aunque esté privatizado este servicio no nos garantiza que el servicio se ha mejorado. La estatización su puede funcionar como por ejemplo en la Ciudad de México cuya movilización es un derecho no un negocio. Necesitamos poner controles de transparencia y democratización.

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