El Legislativo señala que existen elementos suficientes para considerar la comisión de un presunto fraude procesal cometido por varios funcionarios de este juzgado en perjuicio de la comuna jalisciense
Por Mario Díaz (El Master).-
Por considerar que existen elementos suficientes en repercusión de los procesos preselectivos realizados por el Congreso del Estado para garantizar la transparencia en las convocatorias, el Secretario General del Congreso, José Tomás Figueroa Padilla, resolvió interponer las denuncias correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, por la comisión de presunto fraude procesal; el segundo caso registrado en la actual Legislatura.
El área jurídica del Congreso estatal, a través de su coordinadora Bárbara Trigueros Becerra, resolvió proceder en consecuencia, derivado de las prácticas dilatorias, abuso de autoridad cometida por el Juzgado 16 de Distrito en Materia Administrativa y lo que pudiera tratarse de una red “amafiada” que actúa de manera premeditada, dañando así, no solamente la credibilidad de los procesos, ya que, derivado de ambos casos, las convocatorias declaradas como desiertas, han generado una afectación de más de 4 millones pesos al erario.
Todo lo anterior tiene su origen cuando el Congreso emitió una primera convocatoria abierta para integrar el Supremo Tribunal de Justicia y otro para el Tribunal de Justicia Administrativa, pero se presentó un juicio de amparo por parte de la jueza Aurora Graciela Anguiano Quijada que tuvo su curso, pero la convocatoria se declaró desierta porque ya había transcurrido el tiempo que se habían puesto para elegir a estos magistrados.
Vino entonces una nueva convocatoria y la misma quejosa amplía su demanda señalando que hay otros hechos, aunque el juez considerada que es un nuevo acto y un nuevo juicio.
“En este nuevo juicio no hay ningún acto que nos pueda reclamar porque su base son los exámenes de control de confianza y a ella no se le aplican porque ella ya es juez y tiene una sentencia de amparo que hace que no se le apliquen estos exámenes tal como ella lo informó a la comisión de Justicia del Congreso del Estado”.
“Presentamos una queja en contra de la demanda y en contra de la suspensión, se supone que se resuelven en 48 horas y es momento que no tienen ni el colegiado donde se van a resolver, estos se presentaron el 9 y 12 de julio. El 17 de julio se hace una sesión extraordinaria para efectos de que se tenga un documento en donde el Pleno del Congreso dice a la quejosa no se le aplicarán estos exámenes y se le dará por presentados, no será una afectación para el proceso”.
Explica la Coordinadora Jurídica del Congreso del Estado Bárbara Trigueros Becerra, quien agrega que con estos acuerdos del Pleno trataron presentarlos en una audiencia provicional que es la etapa de presentación de alegatos para el cierre y se dé o no la suspensión definitiva, sin embargo, personal del Juzgado 16 de Distrito en Materia Administrativa les indicaron que no se realizaría dicha audiencia por asunto del periodo vacacional que se les daría una nueva fecha.
“Se quiso entregar estos documentos, pero la encargada del despacho los mandó a que los metieran al buzón, pues ella no estaba autorizada para recibir documento alguno. Al siguiente día el sistema (informático) detalla que sí se llevó dicha audiencia y se otorgó la suspensión definitiva, no nos dejaron entrar, no nos dejaron comparecer y no nos dejaron presentar estos documentos”.
A consecuencia de esto el Congreso del Estado no podrá nombrar nuevos magistrados.
“Las acciones que vamos a emprender por lo que consideramos actos constitutivos de delito, con nombre y apellido, la secretaria encargada del despacho Susana Castro, Arturo Aarón Guerrero García, secretario del mismo y una servidora pública que fungió como actuario que les negó el recibir los documentos y estar presentes en una audiencia, al no darles este acceso se da, desde el punto de vista del Congreso del Estado el abuso de autoridad, así como el delito contra la Administración de Justicia por dichos servidores públicos”, destaca el secretario general del Congreso Tomás Figueroa.
Quien detalla que en el artículo 225 en su fracción séptimo expone:
“Comete el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tengan la obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud y se le impondrán de uno a ocho años de prisión y de 50 a cien días de multa”.
“Se considera que, sí hay una obstrucción, abuso de autoridad al habernos negado la presentación del documento y poder acudir a la audiencia y no poder defendernos en un hecho que consideramos no había causa”.
“Otro tema es el amparo, llama mucho la atención que una acción que tienen los ciudadanos frente al abuso de las autoridades como es el amparo se esté utilizando de manera indebida para entorpecer el relevo y la designación de las autoridades jurisdiccionales”.
Y detalla que este es otro acto que se considera dentro del artículo 225 que son delitos contra la administración de justicia, ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien alguna ventaja de manera indebida con penalidad de tres a ocho años de prisión.
“Vamos a presentar una denuncia por fraude procesal en contra Aurora Graciela Anguiano Quijada con el ánimo de tratar de engañar a la autoridad en este tipo de acciones y todavía peor pues es jueza y es juzgadora, conocedora del derecho, sabe que había un acuerdo de la Comisión de Justicia que probó el Pleno en donde se le decía que podía participar sin hacer los exámenes de confianza al contar con un amparo. Consideramos que está ejerciendo de manera indebida e intentando engañar y burlarse de la autoridad”.
“Es una actividad criminal, están de manera organizada tanto, jueces, despachos de abogados, personas que se prestan a este tipo de juegos. Todo esto representa un menos cabo al erario de más de cuatro millones de pesos”.
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