Piden hasta diez mil pesos por trámites que se deben de ofrecer gratuitamente, puntualiza Liliana Cuellar una de las denunciantes
Por Mario Díaz (El Master).-
Aunque no es nada nuevo el que dentro del los procesos judiciales en Jalisco se deben entregar dádivas, apoyos, bonos, propinas para que se agilicen los asuntos en los juzgados, jamás se habían atrevido a cotizar un trámite gratuito en diez mil pesos, como lo denunció la abogada Liliana Cuellar y quien expone:
“Fui testigo presencial de actos ilícito en el Juzgado Primero de lo Civil, por parte de la Secretario Ejecutor Gabriela Albizu, y Moisés Chávez, Secretario de Acuerdos. Me encuentro con un compañero que me pide ayuda con un expediente, con un oficio que quería mandar al notario, pero la secretaria Gabriela se lo estaba deteniendo el trámite y pidiéndole un dinero”.

“Fui con ella y me dijo que había quedado en algo con él, esto es diez mil pesos por un oficio que debe ser gratuitamente, porque ellos tienen la obligación de hacerlo hacia el notario por un expediente que ya estaba culminado”.
En rueda de prensa en donde fue arropada por el Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco, Liliana Cuellar aclara que ante esta situación acudió con el Secretario de Acuerdos, Moisés Chávez para que intercediera y obligara a su compañera hacer lo correcto, pero como respuesta le comentó, que no se metiera.
“Le expresé que no me parecía que cobraran por este servicio pues lo deben brindar gratuitamente, él solo dijo, que no me estuviera metiendo que eran arreglos entre ellos. Usted no se meta”, fue la última palabra por parte de Moisés Chávez.
Finalmente tardaron más de quince días en otorgar este oficio.
Liliana Cuellar agregó que en este juzgado de Tlajomulco es Moisés Chávez quien entorpece la impartición de justicia, pues es quien autoriza fechas de audiencia y no se mueve nada sin que no haya de por medio este incentivo económico. Deja en claro que cuentan con expedientes, pruebas de sus dichos como mensajes de texto donde se pide dinero.
Por su parte, el Maestro José Luis Tello Ramírez, Secretario Ejecutivo del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco, demandó al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco a que trabajen en serio para la erradicación de estas malas prácticas y corrupción de jueces, secretarios y actuarios de los juzgados que se localizan tanto en la Ciudad Judicial como en los juzgados foráneos.
Hizo hincapié en la necesidad de modernizar la administración de la justicia a través de la construcción de bases de datos y seguimiento de expedientes para acelerar la terminación de un proceso y que evite el rezago y la extorsión de los funcionarios de juzgados en Ciudad Judicial.

Como ejemplo de las malas prácticas que hoy son la marca de la actividad jurisdiccional, citó los tiempos que la ley establece para llevar a buen fin un procedimiento y que implican sentencias, acuerdos, notificaciones, comunicados a otras dependencias como la fiscalía y otras actividades determinadas por la ley.
Abogados litigantes han sido víctimas de procedimientos para violentar los tiempos que la ley establece para todos los procedimientos que se llevan a cabo en los juzgados de las diferentes ramas, civil, mercantil, familiar y penal; aunque reconoció que existen jueces y juezas honestas y profesionales, los hay marrulleros y corruptos que esperan el pago extra para acelerar o atender una audiencia.
Destacó que en otro de los juzgados se ha documentado las malas prácticas de sus funcionarios como sucede en el Juzgado Segundo de Chapala en donde el secretario del juzgado pide hasta mil 500 pesos para atender las peticiones de los litigantes que van a promover alguna diligencia en favor de sus clientes.
Los abogados proponen al Consejo de la Judicatura la implementación de herramientas digitales y modernas con el uso de procesadores de datos que evite la pérdida de las anquilosadas libretas de expedientes que aún se usan en los juzgados de la Ciudad Judicial, lo que hace que la justicia en Jalisco siga en el pasado y no acceda a la modernización.
Citaron que el uso de bases de datos va a evitar el extravío de expedientes que retrasan la terminación de los procesos y la corrupción de notificadores y secretarios quienes exigen dinero a los litigantes para acelerar la búsqueda de un expediente y de esta manera poder solicitar la admisión de pruebas y celebración de audiencias en favor de sus clientes.
Insisten en abatir el rezago en los procesos, ya que esta inacción genera la corrupción y el aletargamiento del juicio, pero además provocan que con el pago de cuotas se favorezca a alguna de las partes.
De nueva cuenta llaman a la selección de consejeros de la judicatura con un mayor interés en la administración de la justicia y evitar la colocación de funcionarios que van a enriquecerse mediante la exigencia de pagos indebidos y el uso de prácticas en los jugados por los daños que generan.
Tello Ramírez apuntó que el Consejo de la Judicatura no debe estar sometido a cotos de poder a favor de partidos políticos que a su juicio ponen en duda la autonomía e independencia del poder Judicial.
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