La política energética de AMLO nos mandó 50 años atrás: Edgar Olaez Preciado

El Maestro en Derecho Constitucional y especialista en derecho ambiental, vislumbra un panorama jurídico adverso en contra del Gobierno Federal y su decisión de impulsar los combustibles fósiles sobre las energías renovables

Por Mario Díaz (El Master).-

La Secretaría de Energía a cargo de Rocío Nahle, publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación, el documento denominado “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional”, pero sin contar con el estudio de Manifestación de Impacto Regulatorio (con el que se analizan las consecuencias de la nueva reglamentación), ante esta imposición autoritaria, César Hernández responsable de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) presentó su renuncia.ue

Las reacciones a nivel mundial no se hicieron esperar Canadá y países de la Unión Europea enviaron cartas diplomáticas a México en donde solicitan se reconsidere estas medidas toda vez que atentan contra inversiones realizadas y acusan a la propia secretaria de SENER de haberlos ignorado en múltiples ocasiones previo a la publicación de esta normatividad que impulsó Andrés Manuel López Obrador.

Ante este panorama el especialista en Derecho Ambiental y Maestro en Derecho Constitucional Edgar Olaez Preciado, puntualiza:

“Es un tema que se tiene abordar desde varios puntos de vista el económico y el ambiental. Desde el económico el pretexto del Gobierno federal para suspender los cuarenta y cuatro proyectos estratégicos en dieciocho estados del país, es la contingencia por el Covid-19, pero desde antes se habían dado señales de suspender estos proyectos tanto por el director general de la Comisión Federal de Electricidad (Manuel Barlet), la secretaría de energía, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no veían sustentable el tema de la energía renovable.

“Se pierde no solo en energía fotovoltaica una inversión de alrededor de ocho mil millones de pesos y se pierde una generación de cerca de seis mil empleos directos, con los proyectos de energía solar sin contar con los de la eólica e inclusive la dinámica que es la que se genera con el movimiento de las olas”.

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Edgar Olaez Preciado, especialista derecho ambiental.

Expuso Olaez que desde el punto de vista ambiental significa volver a depender de la quema de petróleo a través del combustóleo para generar energía eléctrica, poniendo a México en una situación de vulnerabilidad al depender de combustibles fósiles un recurso finto y que genera grandes cantidades de bióxido de carbono en su combustión.

“Estamos desaprovechando otros métodos sustentables como la energía solar y la eólica donde ya se tenían estudios desde el 2012 de la CFE que avalaban proyectos eólicos como fotovoltaicos. Es muy lamentable y se pierde un avance de más de diez años que se había dado en el sector energético, y nos regresa a los años 70s con sus argumentos, continuidad en el fluyo de energía, la política pública que acaban de publicar nos manda cincuenta años atrás, a esto se le tendrá que agregar la afectación como país de la pérdida de competitividad y afectación que generará en la calidad ambiental.

“Solo argumentan el tema del fluyo de energía, dicen que el sol como la energía eólica es intermitente, si, no todo el tiempo hay viento y tenemos horas sin sol, pero hay mecanismos como lo manejan en Alemania para que esto no afecte la energía industrial, se tiene que complementar con otras energías también amigables con el medio ambiente para complementarla”, puntualiza el experto.

Coincide con algunos analistas políticos en que a simple vista se aprecia que estas medidas solo se dan para solventar la pertinencia de PEMEX y colocar los actuales excedentes de producción y reflejan el prejuicio de estos funcionarios que tienen contra las llamadas energías verdes, es a su manera de ver un argumento muy falas como la intermitencia de la energía eléctrica.

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Para contrarrestar estas medidas existen algunas defensas jurídicas que se pueden dar en dos fases, la primera que es un tema directamente de las empresas afectadas alegando el incumplimiento de contrato y la otra desde la sociedad civil.SCJN

Recordó el experto que existe un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se pronunció respecto del derecho al medio ambiente adecuado, se trata de una sentencia el amparo en revisión 307/2016 de un caso que tiene que ver con la afectación de manglares en una laguna por una construcción, en donde establecieron un principio que se considera ya un eje rector ambiental, la No Regresión.

“Esto significa que cuando ya se tenga un avance en el tema ambiental por derecho humano no se puede dar una regresión a este derecho. Aquí mismo la Corte en esta resolución establece que tanto el ser humano tiene derecho de protección a un medio ambiente sano y establece, además considera al medio ambiente como un sujeto de protección, es decir sienta un precedente en donde se tiene que proteger al medio ambiente en su relación como derecho humano y segundo en calidad de sujeto de derecho.

“El principio de no regresión es el argumento clave para cualquier asociación civil, cualquier organización que tenga por objeto la protección de los derechos humanos, interponer incluso un amparo contra la Comisión de Energía alegando este principio de no regresión de tema ambiental. Esto implicaría que los poderes públicos no podrían ni disminuir ni afectar el nivel de protección ambiental alcanzado salvo que esté debidamente acreditado”, considera Edgar Olaez.

Amparo contra CFE

Para el jurista ambiental, cualquier ciudadano puede interponer un amparo contra lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación acreditando el interés legítimo, en este caso, tendrían que ser asociaciones de derechos humanos o ambientalistas.

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AMLO durante su visita en el parque eólico de La Rumorosa.

Advierte que el juicio de amparo tiene sus plazos dependiendo el efecto, cuando es contra leyes o normas jurídicas tienen hasta treinta días para presentarlo, peros sin embargo cuando hay un acto hetero aplicativo, es decir, que afecte directamente a alguien que no salió beneficiado tendría hasta quince días, esto con independencia de la parte jurídica contra actual entre empresas y gobierno.

Finalmente expuso que con respecto a la posibilidad que empresas extranjeras afectadas están considerando de acudir a cortes internacionales contra el gobierno de México, destacó que este tema no es tan sencillo, “si lo argumentan con un arbitraje internacional deberá de estar establecido en las cláusulas de resolución de conflictos entre las partes y en los contratos deben de estar establecidos. Tal vez en este ejercicio, de hacer valer sus derechos contra actuales salga a la luz el derecho de No Regresión, no solo la incertidumbre jurídica, sino que esto genera una regresión contra el medio ambiente”.

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