- Pese advertencia de posibles muertes, el gobierno de Jalisco se mantuvo ausente del problema
Por Mario Díaz
Hace cinco meses la diputada Fela Patricia Pelayo López, advirtió a las autoridades de Jalisco que de no mantener presencia en San Sebastián Teponahuaxtlán y que velara por la reintegración de forma pacífica de 200 hectáreas en propiedad de ganaderos nayaritas de Huajimic, las consecuencias podrían ser fatales.
En aquellos meses se hablaba de la posible creación por parte de las comunidades wixáricas (huicholas) del norte del estado, de policías comunitarias o autodefensas para protegerse tanto de las células del crimen organizado como de posibles actos violentos de los ganaderos del vecino estado.
A estas advertencias Fiscalía del Estado de Jalisco anunció que tendrían presencia en esta zona. La propia Secretaría General de Gobierno hace cinco meses, también desestimó que existiera tal conflicto entre poblaciones de ambos estados, recuerda la diputada de Movimiento Ciudadano.
Es por eso que ella responsabiliza directamente al gobierno del estado de los homicidios de Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, el primero de ellos uno de los principales líderes indígenas que logró la restitución de tierras para su comunidad en el municipio nayarita de Huajimic, logrando obtener las primeras 200 hectáreas de las 10 mil que reclaman, aunque los ganaderos nayaritas se niegan a devolver el territorio recuperado, ante la nula acción del gobierno de Jalisco.
«Hace cinco meses desde la Fiscalía General de Jalisco dijeron textualmente, que iban a poner un cuerpo de seguridad para garantizar la seguridad, cosa que estamos viendo fue una farsa total. La responsabilidad es de parte de Fiscalía y de la Secretaría General de Gobierno, ellos dijeron de manera conjunta que no había conflicto y que garantizaban la seguridad de las comunidades. Hoy vemos ausencia y no hay garantías de seguridad».
Prueba de este abandono refiere Pelayo López, es el doble homicidio y que a pesar de que los hechos ocurrieron a las seis de la tarde, los elementos de la Fiscalía se hizo presente más de doce horas después para iniciar con las investigaciones.
Eduardo Almaguer, Fiscal General de Jalisco señaló que este doble homicidio fue perpetrado por una célula del crimen organizado, lo que fue interpretado como una declaración para criminalizar a las victimas.
«Como se ha hecho con las minorías, es criminalizando doblemente a los afectados, siempre es, no sólo los asesinaron en cima ellos tienen la culpa, es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad. esperemos que su salida no sea criminalizarlos, ni a la comunidad.
«De manera general el gobierno se ha mantenido ausente en absolutamente todos los casos de comunidades indígenas, hay casos en todo el estado. El gobierno tiene que darnos una respuesta ya, sin criminalizar a las comunidades. El gobierno tiene que establecer mesas de diálogo de manera inmediata, llevan retrasados diez meses. Y que dejen de minimizar a las comunidades indígenas, el gobierno no ha sido capaz de tomar el tema como se merece», acusó Fela Pelayo.
Finalmente sostuvo que si estas muertes fueron necesarias para que las autoridades por fin tengan presencia en estas zonas y velen por la restitución de sus tierras, pese haberles advertido hace cinco meses de que esto pudiera ocurrir, «si es lo que necesitan para chambear, estamos muy equivocados».
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